El megajuicio salvadoreño: la hipnosis de la seguridad como preludio al colapso
La aparente "estabilidad" que El Salvador celebra hoy, cimentada en el megajuicio contra miles de presuntos pandilleros, no es la victoria de la justicia sobre el crimen, sino la sofisticada metamorfosis de la represión en espectáculo político, una trampa que condena al país a un ciclo de crisis futuras. No nos engañemos: lo que se presenta como la erradicación del mal es, en realidad, la consolidación de un poder que ha descubierto en la seguridad un pretexto infalible para desmantelar el Estado de derecho, transformando la nación en un laboratorio de autoritarismo competitivo donde la legitimidad se compra con la promesa de orden.
La farsa judicial como arquitectura de un nuevo autoritarismo
La detención masiva de más de 70.000 personas y el subsiguiente megajuicio, que procesa a casi un millar de individuos en un solo expediente, no es un ejercicio de justicia penal, sino una declaración de principios sobre cómo el poder concibe la ley. Como bien documentó Michel Foucault en "Vigilar y Castigar", la función del castigo no es solo la corrección del transgresor, sino la exhibición del poder soberano. En El Salvador, la espectacularidad del juicio, la ausencia de garantías procesales individuales y la generalización de la culpa colectiva sirven para redefinir los límites de lo aceptable, desdibujando la línea entre la seguridad pública y la seguridad del régimen. Esta estrategia encaja perfectamente con el modelo de "autoritarismo competitivo" donde las instituciones democráticas —elecciones, legislatura, poder judicial— existen formalmente, pero son sistemáticamente manipuladas para perpetuar el control del partido dominante, vaciándolas de contenido democrático.
El Estado de derecho amputado: la estabilidad como ilusión óptica
La noción de "Estado de derecho", tal como la entendieron teóricos como A.V. Dicey o Joseph Raz, se basa en la supremacía de la ley, la igualdad ante ella y la protección de los derechos individuales frente al poder arbitrario. Lo que observamos en El Salvador es la erosión sistemática de estos pilares. La suspensión de garantías constitucionales, la detención sin orden judicial, la negación del debido proceso y la creación de tribunales de excepción para un juicio masivo son la antítesis de cualquier concepción robusta del Estado de derecho. Brian Tamanaha argumenta que, sin una adhesión genuina a los principios de legalidad y rendición de cuentas, el "Estado de derecho" se convierte en una mera fachada. La "estabilidad" alcanzada en El Salvador es, por tanto, una ilusión óptica, un espejismo que oculta la fragilidad inherente a un sistema donde el poder no está limitado por normas, sino por la voluntad del gobernante. La eliminación de las pandillas, si bien deseada por la población, se ha logrado al precio de desmantelar las salvaguardias que protegen a todos los ciudadanos, sentando un precedente peligroso para la disidencia política futura.
La objeción honesta: ¿No es preferible la seguridad a la anarquía?
Muchos argumentarán, con razón, que la población salvadoreña vivía bajo el yugo de una violencia pandilleril inaceptable, que la acción del gobierno ha traído una paz largamente anhelada y que, en tales circunstancias extremas, ciertas concesiones al debido proceso son un mal necesario. La objeción es poderosa y resuena con la desesperación de quienes sufrieron extorsiones, asesinatos y un control territorial brutal. Sin embargo, este argumento ignora la lección histórica fundamental: las soluciones que sacrifican los principios democráticos en el altar de la seguridad rara vez producen una paz duradera. La "seguridad" obtenida mediante la arbitrariedad y el miedo es intrínsecamente inestable. Como advierte Jan-Werner Müller sobre el populismo, la identificación del líder con "el pueblo" y la demonización de cualquier oposición como "enemigo" o "antipueblo" conduce inevitablemente a la erosión de las instituciones que garantizan la coexistencia pacífica y la resolución de conflictos sin violencia. La anarquía de las pandillas ha sido reemplazada por la anarquía del Estado, un cambio de amo que no elimina la servidumbre, solo la redefine.
El costo geopolítico de una "paz" sin garantías
Las implicaciones estratégicas de este modelo son profundas, especialmente para América Latina. En un contexto donde la Doctrina Donroe de Estados Unidos busca reafirmar su influencia y China ofrece una arquitectura de hegemonía alternativa, El Salvador se convierte en un caso de estudio perturbador. La "estabilidad" autoritaria salvadoreña, si bien puede ser aplaudida por algunos que priorizan el orden sobre la libertad, envía una señal peligrosa a otros líderes de la semiperiferia latinoamericana: que es posible consolidar el poder y ganar legitimidad interna a expensas del Estado de derecho, bajo el pretexto de la seguridad. Esto debilita la capacidad de la región para resistir presiones externas y la hace más vulnerable a la polarización y la inestabilidad a largo plazo. La erosión de la democracia en un país por la vía de la seguridad no es un asunto doméstico; es un contagio que amenaza la cohesión regional y la capacidad de América Latina para negociar su posición en el nuevo orden multipolar conflictivo.
¿Es la tiranía el precio aceptable de la seguridad, o solo el preludio a una crisis de mayor magnitud?
El Salvador ha optado por una paz impuesta, una calma que se asemeja más al silencio de un cementerio que al vibrante bullicio de una sociedad libre. Pero, ¿cuántos de los miles de detenidos son inocentes? ¿Qué ocurre cuando el enemigo externo se agota y el aparato represivo busca nuevos objetivos? La historia nos enseña que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que la "estabilidad" comprada con la libertad es, en el mejor de los casos, un armisticio temporal antes de la próxima tormenta.